Invisible 10 – Clemer Rojas

Captura de videocámara publicada por IDL Reporteros

Un danzante inagotable
Clemer Rojas Garcia

22 años – Ayacucho
Clemer Rojas García comenzó a bailar desde muy niño, porque en su casa ―en la provincia de Huamanga, en la región andina de Ayacucho― a todos les gustaba hacerlo. Ya de adolescente, se unió a la comparsa Los Huaraqueros de Quinua. Con ellos, salía en cada carnaval ayacuchano a bailar danzas tradicionales por las calles y las plazas de su ciudad.
Era uno de los bailarines líderes, recuerda su padre, Reider Rojas Jauregui. “Mi hijo era una persona alegre y muy activa”, dice. Clemer era quien animaba a más jóvenes a unirse a Los Huaraqueros de Quinua y organizaba al grupo. En los concursos de comparsas, muchas veces quedaron en primer lugar. “Siempre hemos salido campeones con nuestras costumbres”, recuerda Reider sobre los triunfos artísticos de su primogénito.
Clemer tenia planeada su rutina diaria como una coreografía armoniosa. Por las mañanas, estudiaba Mecánica Automotriz en el instituto Senati. Por las tardes trabajaba con su padre en Rojas Rojitas, un carwash que era el negocio familiar. El joven solía gastarle bromas a su padre, a su madre y a su hermano menor. Reider Rojas Jauregui admiraba como, en medio del trajín, el bailarín incansable siempre podía ser un “palomilla”.
Su padre dice que nadie en la familia sabia que Clemer había ido a protestar al Aeropuerto de Ayacucho. Recuerda que, cuando salió de la casa, el joven le dijo que iba a darle el encuentro a su mamá en el mercado donde ella trabaja. Cuando vio por las noticias los disturbios en el aeropuerto, se preocupó por su hijo y lo llamo a su celular. Contesto un hombre que le dijo “al joven le ha caído una bala, ya se lo llevaron, yo me he encontrado su celular”. Reiner indica que Clemer tenía un proyectil en el pecho que dañó mortalmente su riñón y su hígado.

Ojo Público

Ayacucho: civiles sí fueron asesinados extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas (VIDEO)

Registros audiovisuales muestran con crudeza como Josué Sañudo, Edgar Prado, Clemer Rojas, Cristofer Ramos Aime, José Luis Aguilar Yucra y Leonardo Hancco murieron en circunstancias diversas, pero no ejerciendo violencia ni intentando tomar el aeropuerto.
Una investigación de IDL-Reporteros da cuenta de cómo murieron 6 de las 10 personas fallecidas el 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho. Radiografía de homicidios reconstruye la hora, el lugar y las circunstancia en la que se encontraban las personas que murieron a manos de las Fuerzas Armadas.
Registros audiovisuales muestran con crudeza como Josue Sanudo, Edgar Prado, Clemer Rojas, Cristofer Ramos Aime, Jose Luis Aguilar Yucra y Leonardo Hancco si fueron asesinados extrajudicialmente. En el caso de Clemer Rojas, un joven musico integrante de la comparsa Los Huaraqueros de Quinua y estudiante de mecánica automotriz, una cámara de seguridad revela que quienes lo intentaron auxiliar fueron desalojados a balazos por miembros del ejército. El cuerpo de Clemer quedo tendido en la pista a vista de los militares quienes solo constataron su muerte.
Otro punto clave que detalla el reportaje es que, a las 17:46 horas la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ayacucho se encontraba completamente liberada. Sin embargo, los militares se dirigieron a los exteriores para disparar a los manifestantes. Fue en ese momento en que Edgar Prado muere por un disparo en el abdomen cuando intentaba auxiliar a un herido.
Posibles responsables
Uno de los posibles responsables de esta masacre sería el General Antero Mejía, Jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho. Y el General Jesus Amarildo Vera Ipenza, Comandante General de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho.
Sobre ellos recae una investigación preliminar por un plazo de 60 días por parte del ministerio Publico. Están sindicados como presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de homicidio calificado.

El Búho

Emergencia: nueve fallecidos y 57 heridos más dejan las protestas en las últimas 24 horas

Entre el jueves 15 de diciembre y hoy, viernes 16, se confirmó la muerte de ocho personas en la región Ayacucho. Estos decesos están vinculados a los enfrentamientos ocurridos ayer en el aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte, de dicha región.
A estos casos se suma la muerte de un menor de edad, en la región Junín, a causa de las confrontaciones registradas en distintos puntos de los distritos de Pichanaki y Sangani. Hasta el momento, se han reportado 20 víctimas mortales durante las protestas de los últimos 10 dias.
De ese total, 17 son victimas directas de la violencia registrada en cinco regiones del pais: Ayacucho (8), Apurímac (6), Arequipa (1), La Libertad (1) y Junín (1). En Ayacucho, siete de los ocho fallecidos fueron identificados como José Sañudo Quispe (31), John Mendoza Huarancca (edad sin precisar), José Luis Aguilar Yucra (20), Raúl García Gallo (35), Luis Miguel Urbano Sacasara, Clemer Rojas García y Edgar Prado Arango (edad sin precisar). La octava victima continua sin ser identificada.
Los decesos en Apurímac corresponden a Cristian Alex Rojas Vásquez (19), D.A.Q. (15), Beckhan Romario Quispe Garfias (18), R.M.P.L. (16), Jonathan Encino Arias Choccepuquio (18) y Wilfredo Lizarme Barboza (18). Mientras que, en Arequipa, se informo del fallecimiento de Miguel Arcana (38) y, en La Libertad, de Carlos Huamán Cabrera (26). Por último, en Junín, se informo sobre el fallecimiento de un adolescente de 17 anos.
A estos casos se suman, además, tres muertes más ocurridas en el contexto de las protestas. Estas ocurrieron en las regiones de La Libertad (2) y Huancavelica (1). En La Libertad falleció Yoni Rosalino Cárdenas Escobal, de 51 anos. La víctima fue arrollada por un camión volquete en una carretera de la sierra, cuando esta fue reabierta, según informo RPP.
En dicha región, la Defensoría del Pueblo informo que también falleció un adolescente de 17 anos de iniciales E. V., luego de ser atropellado por una camioneta en la Panamericana Sur, en el sector California de la provincia de Viru.
Por último, la directora del Instituto Nacional del Nino de San Borja, Zulema Tomas, confirmo la muerte de un menor de edad proveniente de Huancavelica. El bebé falleció cuando se dirigía a Lima para ser operado.
Desde que iniciaron las protestas hasta las 8 a.m de hoy, el Ministerio de Salud (Minsa) reporto 266 heridos en el ámbito nacional. De ese total, 192 fueron dados de alta y 74 continúan hospitalizados. Cuatro de ellos se encuentran en UCI.
Solo en las ultimas 24 horas, se registraron 52 heridos en la región de Ayacucho y cinco en Junín. Un informe del Minsa sobre el conflicto ocurrido en los alrededores del aeropuerto de esa región —al que accedió OjoPúblico— detalla que entre las 52 personas afectadas, hay 21 menores de edad y ocho mujeres. El reporte —actualizado a las 00:10 a.m. del 16 de diciembre— preciso, además, que cinco personas fueron heridas de gravedad, 32 presentan danos moderados y tres, leves.

Defensoría identifica 17 víctimas directas de la violencia, pero Minsa y Diresa difieren de cifras
Luego de 10 días de movilizaciones, las entidades estatales y organizaciones civiles reportan diferentes conteos de víctimas fatales. La Defensoría del Pueblo ha informado que la cifra de personas fallecidas en los enfrentamientos con fuerzas del orden asciende, hasta el momento, a 17. Asimismo, reporta que cinco personas murieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos de vías. Este conteo da una suma total de 22 víctimas fatales en el marco de los 10 días de movilizaciones.
En contraste, el Ministerio de Salud reporto, hasta las 4 p.m., 21 personas fallecidas en el marco de las protestas. Dicho conteo no precisa si se trata de víctimas directas de enfrentamientos entre los manifestantes con la Policía o efectivos de las Fuerzas Armadas o de víctimas indirectas (accidentes de tránsito en el marco de las protestas o dificultades para traslados médicos por bloqueos de carreteras). Las victimas identificadas por la cartera corresponden a seis regiones del país: Ayacucho (8), Apurímac (6), La Libertad (3), Cusco (2), Arequipa (1) y Junín (1).
En Ayacucho, se identificaron siete de los ocho fallecidos: José Sañudo Quispe (31), John Mendoza Huarancca (edad sin precisar), Jose Luis Aguilar Yucra (20), Raul Garcia Gallo (35), Luis Miguel Urbano Sacasara, Clemer Rojas García y Edgar Prado Arango (edades también sin precisar). La octava victima continua sin ser identificada.
En el caso de Apurímac, los fallecidos fueron Cristian Alex Rojas Vasquez (19), D.A.Q. (15), Beckhan Romario Quispe Garfias (18), R.M.P.L. (16), Jonathan Encino Arias Choccepuquio (18) y Wilfredo Lizarme Barboza (18).
En Arequipa, la persona fallecida fue identificada como Miguel Arcana (38), mientras que en Junín y en Cusco no se ha dado a conocer los nombres de las víctimas. Por último, en La Libertad se informó sobre la muerte de Carlos Huaman Cabrera (26), quien fue hallado en una zona donde había alrededor de 200 manifestantes. En esta región se reportó, además, como víctimas de accidentes de tránsito en el contexto de las protestas a Yoni Rosalino Cárdenas Escobal (51) y a un adolescente de iniciales E. V. (17).

OjoPúblico OjoPúblico

Civiles no murieron durante el intento de toma del aeropuerto de Ayacucho
Video de IDL-Reporteros revela como seis de las diez víctimas de las protestas del 15 diciembre murieron por disparos de militares que los persiguieron tras desalojarlos del campo de aterrizaje. Fiscalía avanza en identificación de responsables.
Como se había informado, la mayoría de ciudadanos que fueron muertos por disparos en la ciudad de Ayacucho no recibieron las balas mientras intentaban tomar el aeropuerto; sin embargo, el video publicado anoche por IDL-Reporteros consolida esa versión. Los periodistas Rosa Laura y Cesar Prado han reconstruido como se asesino a seis de las diez personas fallecidas el 15 de diciembre: Josue Sañudo, Edgar Prado, Clemer Rojas, Cristofer Ramos Aime, Jose Luis Aguilar Yucra y Leonardo Hancco.
La investigación del equipo dirigido por Gustavo Gorriti permitió identificar la ubicación y los momentos precisos de los disparos y donde cayeron las víctimas. “Pudo determinar que en los seis casos investigados los que dispararon fueron militares; así como quienes estuvieron al mando del operativo militar”, se concluye.
Se agrega además que la fiscal Karen Obregón Ubaldo, de la Segunda Fiscalía Penal Provincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Ayacucho, ha iniciado una investigación para determinar con la mayor claridad posible cual fue la responsabilidad de los jefes militares y policiales en lo acontecido.
“Una de las primeras diligencias fue el recojo de evidencias en los puntos críticos de los enfrentamientos. El 17 de diciembre pasado, un equipo de la fiscalía recogió 18 casquillos de bala entre la avenida Ejercito y la Vía de Evitamiento, y otros tres en la zona arqueológica de Conchopata. En la avenida Abancay y otros sectores aledaños al cementerio no se hallaron casquillos, aunque en días posteriores algunas personas se acercaron al despacho de Obregón para entregar los que habían encontrado la noche del 15 en esa área”, se relata.
En el informe se agrega que el 19 de diciembre el equipo de Obregón visito las instalaciones del cuartel “Domingo Ayarza” (ex-Cabitos) y pidió el cuaderno de entrada y salida de armamento de las cinco unidades que conforman el fuerte.
“Cuatro de las cinco compañías entregaron sus cuadernos, donde figuraba la salida de decenas de fusiles GALIL el 15 de diciembre”, se detalla.
“La única unidad que entrego información imprecisa fue la Compañía de Comandos n.o 2, cuyo jefe de almacén explicó a la fiscalía que ese día había tomado nota de la salida de armamento en hojas bond y no en el cuaderno regular. Esos apuntes son ilegibles”, consigna el informe periodístico.
Avances de la fiscal
Según IDL-Reporteros, la fiscalía también ha recogido las manifestaciones de cuatro heridos graves que permanecen en el Hospital Regional de Ayacucho. Además, según información entregada por el Ejercito a la fiscalía, el 15 de diciembre la seguridad del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte estuvo a cargo del teniente coronel Enrique Sampen Diaz.
“Bajo su mando, el suboficial de primera Jaime Diaz Huicho encabezo la patrulla a cargo de la torre de control del aeropuerto, el técnico de primera Javier Aparicio comando la patrulla asignada al sector de Canaan (avenida Sao Paulo). La patrulla ubicada en la avenida Abancay y el cementerio quedo a cargo del capitán Víctor Grados Rivas”, precisan Victoria Laura y Cesar Prado.
“A la fecha, ningún mando militar ha rendido su manifestación ante el despacho de la fiscal Obregón”, concluyen los periodistas de IDL-Reporteros.

IDL

Presentan denuncia penal contra presidenta Dina Boluarte y otros por homicidio calificado y genocidio
La demanda responsabiliza a las autoridades de las ocho muertes y 52 heridos graves que se registran en la región del sur del país en el marco de las protestas a nivel nacional.
Los abogados ayacuchanos Abimael Mendez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga, presentaron una denuncia penal por genocidio y homicidio calificado, en contra de la presidenta de la Republica, Dina Boluarte; el premier, Pedro Angulo; y los ministros Alberto Otárola (Defensa), Cesar Cervantes (Interior).
La demanda también alcanza a Antero Mejía, jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho; Jesus Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Infanteria Militar de Ayacucho; y el congresista Jorge Montoya, por ser instigador de los delitos denunciados.
Dicha demanda se presenta por las muertes de los ciudadanos Josue Sañudo Quispe (31); Clemer Rojas García (22); Luis Urbano Sacsara (22); Jhon Mendoza Huaranca (34); José Aguilar Yucra (20); Jhon Llamocca Huallanca (22). También se da cuenta de mas de 52 heridos graves con alta probabilidad de muerte tras haber sido heridos, presuntamente, con armas de fuego.

El ultimo adiós: así disparó el Ejercito contra peruanos en Ayacucho
A Michael, Clemer y José Luis los mataron. Así lo afirman los familiares, pero también especialistas que concuerdan en que las Fuerzas Armadas nunca más deberían ser llamadas a involucrarse en el orden interno para contener manifestaciones como las que ocurrieron en el interior del país. Convoca.pe recopilo videos de diferentes ángulos y pudo documentar los últimos momentos de tres de los muertos en Ayacucho. Todos ellos víctimas de una bala de guerra de los soldados del Ejército.
Por Roberth Orihuela Quequezana
Publicado el 10 de enero del 2023
La mañana del 15 de diciembre del año pasado Clemer Rojas estaba atendiendo el CarWash que había instalado junto a su padre para solventar sus estudios de mecánica automotriz. No tenia intención de unirse a las protestas, dice su padre Reyder, porque necesitaban trabajar. Pero alrededor de las once de la mañana su madre llamo para pedirles un encargo y Clemer acudió para ayudarla en el mercado donde ella trabaja. Esa fue la última vez que su padre lo vio vivo. Por la tarde el video de un manifestante muerto en la vía de Evitamiento, muy cerca al aeropuerto de Huamanga (Ayacucho), empezó a circular y llego a manos de Reyder. Lo reconoció de inmediato. Era su hijo tendido en la pista cerca de un grifo con una herida de bala en el pecho. Para comprobarlo lo llamo y una voz extraña le contesto y le dijo que lo estaban llevando al hospital.
Clemer, cuenta su padre, era un joven alegre de 23 años que buscaba salir adelante luego de darse cuenta de que la vida en el Ejercito no lo iba a llevar a nada. “Cuando terminó el colegio intentó trabajar pero luego se enlistó en el Ejercito, donde estuvo un año. Luego regreso diciendo que no iba a hacer nada allá y dijo que se pondría a estudiar mecánica automotriz en el Senati. Empezó justo antes de la pandemia y dejo la carrera esos años. En 2022 volvió. Yo me jubilé y juntos pusimos un lavadero de carros. Con eso él se sostenía y ayudaba en los gastos de la casa. Ese día no estaba en las protestas. Pero me dicen que cuando volvió del mercado alguien fue a convocar a más gente y él se subió a una camioneta. No sé quien habrá sido. Pero ya no lo volvimos a ver”, cuenta acongojado Reyder.
Desde pequeño Clemer perteneció a la comparsa los Huaraqueños de Quinua, el distrito ayacuchano donde nació y del que sus padres salieron cuando el tenía apenas quince días de vida para buscar un futuro mejor. Pero Creer nunca olvidó sus raíces y participaba todos los anos del carnaval que se organiza en Quinua. Reyder muestra fotos y videos de su hijo en estas actividades y tocando su tambor con alegría en alguna fiesta familiar.
Al igual que otros nueve ayacuchanos, Clemer murió a consecuencia de una bala disparada por un soldado del Ejercito el ultimo 15 de diciembre. En su caso hay varios videos recopilados por Convoca.pe que muestran lo desproporcionado de la intervención de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes que intentaban salir del perímetro del aeropuerto por la vía de Evitamiento de Huamanga. Y es que los soldados aparecieron por detrás y empezaron a disparar al tumulto de manifestantes a quemarropa. Clemer y otros corren con dirección a un grifo de la marca Primax ubicado en el cruce con la avenida del Ejercito. El siguiente video solo muestra a Clemer tendido y a unos jóvenes tratando de auxiliarlo, pero debido a los constantes disparos solo atinaron a huir.
De pronto, los soldados notan que la gente se repliega y, en lugar de detenerse, los disparos se intensifican, incluso dentro del grifo donde el dueño pide a los efectivos que no sigan disparando y que tengan cuidado con sus instalaciones. Otra toma filmada desde una casa contigua muestra el cuerpo de Clemer tirado en la pista. Los soldados llegan hacia el, pero, en lugar de pedir una ambulancia, lo inspeccionan y lo dejan allí para continuar con los disparos.
Para la especialista forense y fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense, Carmen Cardoza, estas imágenes demuestran claramente la teoría de que en las protestas de diciembre las Fuerzas Armadas dieron rienda suelta a una represión desproporcionada. “Aquí es donde se aplica el término ‘volición’, es decir, que los soldados tuvieron la voluntad de apuntar y matar a la gente. Si bien es cierto que estaban protestando con piedras, los miembros del Ejercito tienen armas de alta velocidad que pueden matar con un solo disparo, porque estas balas a esta velocidad destruyen de inmediato los órganos internos”, añade.
Otro problema es que los deudos no cuentan con recursos suficientes para costearse un abogado que pueda defender sus derechos y buscar justicia para sus familiares asesinados. Es más, todos los consultados para este reportaje explicaron que ni siquiera habían sido citados por la Fiscalía para brindar sus declaraciones. Al respecto, la abogada y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, explica que su institución puede ayudar a las familias de los deudos para que encuentren justicia, ya que estos procesos judiciales pueden durar muchos años y además requieren de pericias especiales en las que la Coordinadora de Derechos Humanos puede apoyar.
“Se trata de delitos comunes. En nuestra legislación no están tipificadas las ejecuciones extrajudiciales pero se puede apuntar al homicidio calificado. Es terrible, espantoso lo que hemos visto. Sacando las masacres de los 80’s y 90’s creo que no habíamos visto casos tan graves de ejecución extrajudicial como este. Salir a intervenir a población civil de esa forma solo demuestra que las Fuerzas Armadas no deberían salir para ninguna cuestión de orden interno”, agrega.
“Michael fue asesinado”
Otro video muestra con crudeza la forma en que actuaron los miembros del Ejercito la noche del 15 de diciembre. En diversas imágenes se puede ver como los soldados están ubicados en la esquina del cementerio de Huamanga con la avenida Abancay. Apenas a una cuadra del aeropuerto de Ayacucho. Desde allí tienen una buena visión hacia el parque que hay al frente y hacia la avenida Arenales.
Alrededor de las seis de la tarde los soldados empiezan a disparar. En el parque hay un grupo de jóvenes quienes rápidamente se cubren detrás de las pequeñas paredes y de los asientos de concreto del parque. En otro video se ve a un joven herido tendido en el suelo. Sus compañeros tratan de auxiliarlo y llegan hacia el rampando. La herida parece en la pierna porque no puede siquiera arrastrarse para alejarse de la balacera. Luego, otro video muestra a un joven herido en la vereda central del parque. Esta vez llegan varios muchachos y lo cargan por unos cien metros hasta una ambulancia donde es atendido. Pero en todo momento se siguen escuchando balazos. En la misma ubicación, una mujer que graba a los militares disparando les pide que paren. “Hay niños”, les dice, pero no escuchan.
Desde la avenida Abancay, las cámaras de seguridad de una propiedad privada también graban como es que una bala impacta en el tórax del pequeño Michael de 15 años, exactamente a las 18:35 de la noche. Las imágenes, que ya están en manos del Ministerio Publico, muestran a cuatro jóvenes ocultándose detrás de unas palmeras de los disparos de los militares. Uno de ellos, con gorra, levanta el brazo como llamando a alguien que está en el parque central. A las 18:34 aparece en escena Michael, vestido con polo negro, polera verde, una mascarilla y una mochila en la espalda. Intenta cruzar la calle para llegar con sus amigos pero de pronto se desploma. Allí yace un momento hasta que uno de sus compañeros lo arrastra para cubrirse detrás de las palmeras.
De acuerdo con la versión de su hermana Ana Luz, Michael si acudió a las protestas que pedían un nuevo proceso electoral y el cierre del Congreso. Pues el adolescente tenía un ímpetu de libertad y justicia. Esa noche estaba con uno de sus amigos, de 13 años, con quien fue a cenar salchipapas con gaseosa. “Ya estaban de regreso a casa, pero en el cementerio estaban los militares disparando. Mi hermano ya no estaba haciendo nada. Estaban tranquilos. Y lo han asesinado”, indica la hermana, mostrando el video en el que muere su hermano.
Finalmente, en otro registro visual —más explícito aun—, un grupo de manifestantes están ubicados en la avenida Arenales. Allí aparece en escena José Luis Aguilar Yucra. De acuerdo con la versión de su esposa Liz Mariela Pablo, este ayacuchano de 20 años no participaba de las protestas, estaba rumbo a su casa y debía cruzar por esas calles para llegar a su hogar luego de un largo día de trabajo. En el video se ve que está caminando y se detiene a ver hacia donde están los soldados disparando. De pronto una bala le impacta en el cráneo y lo deja tendido en el suelo.
“Un día antes yo estaba feliz, porque estoy postulando para Veterinaria en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y había dado bien mi primer examen. Ese día había salido a trabajar y cuando estaba regresando le dije que tuviera cuidado. me dijo que ya. Tenía que pasar por esa calle (la avenida Arenales) para llegar a la casa que queda a unas tres cuadras. Cuando estaba dando la vuelta le dispararon. No sé qué voy a hacer. Ahora estoy en la casa de mis padres. Solo pedimos justicia”, dice Liz.
El objetivo era matarlos
Al respecto, la especialista Carmen Cardoza analiza los videos y la secuencia de diversos ángulos de estos y concluye que son el mejor ejemplo de la desproporcionalidad del uso de la fuerza y demuestran que los militares estaban apuntando a la población con el objetivo de matarlos. “Estos son tiradores. Porque son armas de una sola munición y de mucha velocidad, de hasta 700 metros por segundo. Es algo que te impacta y te destroza los órganos al salir. Por eso es que muchos tienen el ingreso de la bala como un orificio, pero detrás sale como un boquete. Y si vemos los videos, notamos que están disparando contra personas indefensas. En el caso del niño, está cruzando la calle, no está atacando. Y le disparan en el tórax. Por eso hablamos de un enfrentamiento desigual. Mientras que unos tienen armas de fuego, otros solo piedras. Es el mejor ejemplo de por qué las Fuerzas Armadas no deben salir a controlar manifestaciones sociales. Porque ellos salen con la idea de que van a una guerra y tienen armamento de guerra, que es letal”, añade.
Cardoza además hace referencia a una investigación que realizo el especialista forense José Pablo Baraybar en 2015, titulada “Variación de los patrones de lesiones por arma de fuego en la mortalidad asociada con abusos de derechos humanos y conflicto armado: un estudio exploratorio”. Este analizo una muestra de 777 casos de personas victimas de abusos de Derechos Humanos en Somalilandia, Bosnia, Kosovo y Perú. Y concluye que en los casos de violación de Derechos Humanos las Fuerzas Armadas disparan con el patrón de cabeza/cuello y tórax/abdomen con el fin no de neutralizar a las personas, sino de asesinarlas. “Un análisis cuidadoso de los patrones de lesiones por arma de fuego podría servir como indicador de que, de hecho, se produjo un asesinato, en lugar de un combate, y la intención era matar en lugar de mutilar o inutilizar a las personas para la batalla”, dice Baraybar en su estudio.
“En una muestra de 1.069 casos individuales de abusos a los derechos humanos en varios países del mundo, una submuestra de 777 casos mostro que las lesiones por arma de fuego que afectaban el esqueleto predominaban en la cabeza y el cuello, el tórax y el abdomen y las extremidades, respectivamente. A diferencia de los datos derivados de los conflictos contemporáneos, en los abusos contra los derechos humanos se tiende a preferir áreas discretas del cuerpo y el centro de la masa a las extremidades. Las víctimas de abusos contra los derechos humanos parecen ser asesinadas deliberadamente, lo que deja poco espacio para especular si murieron a causa de sus heridas durante el combate”, concluye el estudio de Baraybar.
Brindarán apoyo legal
En todo caso, los deudos ya no tienen nada más que hacer que buscar justicia. Pero esta no llegara pronto y probablemente, como ocurre con otros 166 casos de muertos en protestas en el país desde el 2003, nunca la encuentren. Así lo señala el director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo. Este además señala que esta institución estará presta para ayudar a las familias junto a otras instituciones ya instaladas en Ayacucho, como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y otras organizaciones sin fines de lucro que velan por el respeto de los derechos humanos.
Jennie Dador además explica que los familiares pueden acudir a ellos en cualquier momento. “Entiendo que algunos ya han contratado a sus propios abogados, pero estos procesos son muy largos y agotadores, tanto para el ánimo como para la economía. Y es que los mismos procuradores y abogados defensores de los acusados o investigados tienden a alargar los procesos todo lo que puedan. Algo que muchas veces es permitido por los fiscales. Ya que en zonas como Ayacucho hay muchos vínculos de compadrazgo y poder. Por eso la Coordinadora puede brindar apoyo legal, tanto para seguir el caso como para realizar las pericias legales que se requieran, que puedan ser muy costosas”, acota.
El adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo Percy Castillo está de acuerdo con el hecho de que las familias deberán esperar por justicia. “Solo en el caso de Inti y Bryan (muertos en noviembre del 2020) las investigaciones han tomado más de dos años. Imagínese cuanto va a demorar teniendo en cuenta que ahora son 10 muertos y decenas de heridos. Lo único que queda es esperar”, dice. Pero la Defensoría no está de brazos cruzados. Castillo explica que están en constante contacto con el Ministerio Publico para conocer el avance de las investigaciones. Asegura que ya varios familiares fueron llamados a declarar, pero que lo hicieron con abogados privados. Sin embargo, tampoco se conoce mas detalles sobre las investigaciones preliminares. Pero Castillo asegura que estarán pendientes.
Lo peor es que las familias siguen abandonadas. La semana pasada el Gobierno anuncio la conformación de la comisión especial para indemnizar a los deudos y familiares de heridos; tal como se hizo en 2020 con las familias de los afectados por las protestas contra Manuel Merino. Sin embargo, Convoca consulto con varios de ellos y aseguraron que ningún funcionario del Gobierno se les acerco para explicarles como podrían obtener ese beneficio. Aunque, en contraste, algunos temen que les hagan firmar documentos con el fin de renunciar a sus derechos de justicia.

Convoca

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